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El ministro del Interior atribuye el conflicto de la UTE a "una obsesión partidista", mientras asociaciones de todo tipo denuncian su desmantelamiento

Oviedo / San Cucao / Madrid, L. Á. VEGA / F. TORRE / Agencias La festividad de la Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias, sirvió ayer para escenificar dos visiones irreconciliables de la cárcel de Villabona y la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE). Por un lado, el Gobierno, a través del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en Madrid, alabó "la magnífica labor" que se está realizando en la UTE, y atribuyó las críticas a "una obsesión partidista". En la misma línea, en un acto celebrado en San Cucao de Llanera, el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, tachó de "interesadas" las críticas, mientras el subdirector de seguridad de la prisión, Juan Carlos Argüeso, las atribuyó a la eliminación de privilegios.

Hasta aquí una de las visiones. Pero es que al mismo tiempo, en la antigua prisión de Oviedo -hoy Archivo Histórico de Asturias-, donde nació el proyecto de la UTE en los años 90, se desarrolló otro acto en el que familiares de internos de la UTE y todo tipo de asociaciones y partidos políticos volvieron a reclamar que se mantenga el modelo original de la unidad -algo que respalda la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril-, que consideran que está siendo desmantelada. De hecho, el número de internos en las UTE han pasado de 470 internos a 300 (y de 33 mujeres a solo ocho).

Estuvieron presentes la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, el diputado socialista Antonio Trevín, el diputado regional Ignacio Prendes (C's) y los ediles ovetenses Roberto Sánchez (IU) y Ana Taboada (Somos), entre otros. La presidenta de la Asociación de Familiares, Rosa Fernández, que según indica tiene prohibido el acceso a la prisión, volvió a pedir la dimisión del director actual, Luis Fernández, al que imputa haber ideado el proceso actual. "Se dio marcha atrás a que el módulo sexto fuese UTE, el entonces director injurió a uno de los fundadores (Faustino Zapico), se cuestionó la metodología, se destituyó al responsable, no se renovó a los educadores, se desmontó el servicio administrativo...", resumió Fernández. "Es una confrontación de dos formas de entender la prisión", añadió.

En Llanera, De Lorenzo y el subdirector de seguridad aseguraron que la situación en la UTE es de "normalidad" y que la controversia tiene carácter político y sindical y está impulsada "de manera interesada". "Aquí no hay incidentes graves, la convivencia es normal", señaló De Lorenzo, quien calificó de "política de bajura" el utilizar algunos "incidentes aislados", como pueden ser las muertes de reclusos, para "criticar una gestión".

El Delegado, además, insistió en que "las normas que existen en el centro son las mismas que en el resto de España y aquí no hay ninguna singularidad para que haya otras normas". De Lorenzo cree que la Defensora del Pueblo maneja información incorrecta, "que llegan por una sola dirección", e invitó a Becerril a visitar la prisión para conocer de primera mano su funcionamiento.

Argüeso explicó que en los últimos tres años Villabona ha perdido 160 reclusos (hasta situarse en 1.025), mientras que la UTE se ha reducido en un centenar. Además, precisó que se mantienen las tres UTE'S que había en 2011, y con un número similar de funcionarios y de los equipos técnicos, que cifró en torno a 70.

"El pretendido problema de la UTE surge cuando el director pretende regularizar cierta situaciones provisionales de algunos funcionarios", afirmó Argüeso, quien precisó que estos trabajadores disfrutaban además de complementos y que unas regularizaciones similares se realizaron en otras prisiones. "Esta decisión fue calificada de 'recorte' y 'ataque a la UTE', trasladándola a la opinión pública como una situación de acoso institucional, en lo que sólo puede entenderse como una reacción interesada de quienes pretendían mantener privilegios abusivos e ilegales", afirmó.

 

    Noticia de La Nueva España de dia 27/09/2015